Enforcement Spillovers and the Efficiency Costs of Means-Tested Transfers: Evidence from Workplace Networks

Abstract

Standard welfare evaluations of means-tested transfers typically treat eligibility enforcement as affecting only households directly exposed to the rule. We show that this direct-only approach is incomplete when enforcement events transmit information through workplace networks, inducing other beneficiaries to adjust formal employment and reported earnings. We study Uruguay's AFAM-PE conditional cash transfer, in which household income eligibility is verified monthly using administrative records of formal earnings and households exceeding the threshold may lose benefits, while most beneficiaries are largely unaware of the income rule. Linking program records, social security employment histories, and firm identifiers, we build workplace networks defined six months before each peer's exposure to enforcement and identify spillovers using a fuzzy regression discontinuity design that exploits quasi-random variation in whether a peer crosses the income threshold. Coworkers of peers just above the cutoff reduce registered labor earnings by 20\%, and the corresponding fuzzy-RD estimate implies a decline of about one-third of baseline earnings in response to a peer's suspension. These effects emerge within two months and persist for at least 12 months. The response operates almost entirely on the extensive margin of formal employment, and most of the decline reflects transitions to informal work rather than exit from the labor force. Spillovers are concentrated in small firms and among similar coworkers, are nearly three times larger when the suspended peer actively contacted the program's support service, and are absent among non-beneficiary coworkers. This pattern is consistent with information transmission as the main channel. Incorporating these indirect responses lowers the estimated MVPF of the program as implemented with enforcement from 0.53 to 0.36. Because the same information channel operates wherever means-tested programs are enforced through records of formal earnings, evaluations that count only directly exposed households systematically understate the cost of enforcement.

Las evaluaciones estándar de los programas de transferencias suelen asumir que la fiscalización de la elegibilidad afecta únicamente a los hogares directamente expuestos a la regla. En este trabajo, mostramos que este enfoque es incompleto cuando los eventos de suspensión transmiten información a través de redes laborales, induciendo a otros beneficiarios a ajustar su empleo formal e ingresos declarados. Estudiamos el programa de transferencias condicionadas AFAM-PE de Uruguay, en el cual la elegibilidad de ingresos se verifica mensualmente utilizando registros administrativos de ingresos formales, y los hogares que superan el umbral pueden perder el beneficio, mientras que la mayoría de los beneficiarios desconoce en gran medida la regla de ingreso. Vinculando registros del programa, historias laborales de la seguridad social e identificadores de empresas, construimos redes laborales definidas seis meses antes de la exposición de cada par (peer) a la fiscalización, e identificamos efectos de contagio (spillovers) mediante un diseño de regresión discontinua (fuzzy RD) que explota la variación cuasi-aleatoria generada por el umbral de ingresos del programa. Los compañeros de trabajo de pares que se ubican justo por encima del punto de corte reducen sus ingresos laborales registrados en un 20%, y la estimación fuzzy-RD correspondiente implica una caída de aproximadamente un tercio de los ingresos de base en respuesta a la suspensión de un par. Estos efectos surgen dentro de los dos meses y persisten durante al menos 12 meses. La respuesta opera casi en su totalidad en el margen extensivo del empleo formal, y la mayor parte de la caída refleja transiciones hacia el trabajo informal más que una salida de la fuerza laboral. Los efectos de contagio se concentran en empresas pequeñas y entre compañeros similares: son casi tres veces mayores cuando el par suspendido contactó activamente al servicio de atención del programa. Este patrón es consistente con la transmisión de información como canal principal. Incorporar estas respuestas indirectas reduce el MVPF estimado del programa de 0.53 a 0.36. Dado que el mismo canal de información opera en todos los programas con verificación de medios a través de registros de ingresos formales, las evaluaciones que solo contabilizan a los hogares directamente expuestos subestiman sistemáticamente el costo de la fiscalización.