Proyecto de regulación de juego online en Uruguay, funcionamiento en países de la región y efectos en la ludopatía

Abstract

En Uruguay, la ludopatía ha dejado de ser un problema silencioso para convertirse en una urgencia de salud pública que afecta a miles de familias. Según un estudio de la Universidad de la República, citado por Anchorena (2024) en la diaria, actualmente 35.000 habitantes de nuestro país padecen ludopatía, mientras que alrededor de 70.000 presentan conductas de riesgo o problemas moderados con el juego. En una población de poco más de tres millones de personas, estas cifras revelan la magnitud de una patología que no solo afecta al individuo, sino que impacta en su entorno social y económico, desafiando las estructuras de control vigentes. Históricamente, la práctica de asegurar predicciones sobre eventos futuros ha estado presente en la cultura humana. Sin embargo, con el avance de la tecnología y la hiperconectividad, la apuesta ha mutado: ya no requiere el traslado físico a una sala, sino que está disponible las 24 horas en el bolsillo de cada ciudadano a través del smartphone. Frente a este escenario, los gobiernos han intentado establecer "cercos" de condicionamientos para equilibrar la libertad individual con la protección social, de manera similar a cómo se regula el consumo de alcohol o sustancias adictivas. En el contexto regional, Uruguay se destaca por poseer un cerco regulatorio tajante. La explotación y administración de los juegos de casino están centralizadas en la Dirección General de Casinos (DGC), organismo que, bajo la Ley 13.921, tiene la potestad exclusiva de gestionar estas actividades y definir sus condiciones de funcionamiento. Bajo este marco legal, cualquier plataforma externa de juegos de azar online que opere dentro del territorio nacional es considerada ilícita. No obstante, la realidad digital ha vuelto porosa esta frontera, permitiendo que operadores internacionales capten al público local sin estar sujetos a las normativas nacionales. Ante esta situación, el 17 de noviembre de 2021, el Ministerio de Economía y Finanzas ingresó un proyecto de ley para facultar a la DGC a explotar directamente el juego online. El proyecto reconoce que "gran parte de la actividad lúdica será ejercida —si no ya— en el futuro" a través de plataformas digitales. La iniciativa buscaba modificar el Artículo 244 de la 3 Ley 19.535, que actualmente otorga un principio de ilegalidad a la prestación de servicios de juegos de azar vía internet, con la única excepción de los pronósticos deportivos permitidos por la Ley 17.453. Aunque el proyecto obtuvo media sanción en la Cámara de Senadores, su avance se detuvo en la Cámara de Representantes, dejando un vacío legal que se espera sea abordado en el próximo período de gobierno. ¿Cómo enfrentan otros países de la región este desafío? El análisis comparativo revela modelos divergentes. Colombia surge como un referente de centralización exitosa a través de Coljuegos, entidad que desde 2011 ha habilitado a 15 operadores bajo estrictos contratos de concesión. Un aspecto relevante de este modelo es que la recaudación se destina íntegramente al sistema de salud pública, reportando ingresos de aproximadamente US$ 195.000.000 en un solo ejercicio anual. Por otro lado, Argentina presenta un modelo federal fragmentado donde cada provincia dicta sus propias reglas, generando "zonas grises" que son aprovechadas por sitios ilegales. En este entorno de alta disponibilidad, el Target Group Index Argentina indica que el 10.1% de su población realiza apuestas diariamente. A partir de la realidad uruguaya y la experiencia acumulada por los países vecinos frente a la invasión de las apuestas digitales, el presente trabajo se propone analizar el efecto que tendría una nueva regulación en la población uruguaya. El objetivo es determinar si un cambio en el marco legal podría fortalecer el control sobre la ludopatía o si, por el contrario, profundizaría los problemas ya identificados en los 105.000 ciudadanos que hoy enfrentan dificultades con el juego.