El campo jurídico, el Subcampo judicial y los procesos por violaciones de Derechos Humanos en Uruguay, 1995-2024

Abstract

Esta tesis intenta contribuir a la comprensión de las relaciones entre derecho y sociedad en Uruguay, y más específicamente busca profundizar en los mecanismos por medio de los que los sistemas jurídicos se articulan con otras esferas institucionales para configurar los entramados de relaciones económicas y sociales. En este caso en particular la tesis se ha orientado al estudio de la forma en que el campo jurídico, y en especial el Subcampo judicial, han actuado frente a un tema concreto: los intentos de enjuiciar a responsables por delitos contra los derechos humanos cometidos durante la dictadura militar, a partir del año 1995. El trabajo de campo se ha realizado principalmente mediante entrevistas semiestructuradas a operadores judiciales y abogados, y mediante el análisis estructural de contenidos de un corpus de sentencias judiciales de distintos tribunales. Con estos elementos se ha intentado realizar en primer lugar una reconstrucción de la historia del campo jurídico en Uruguay a lo largo del siglo XX, para profundizar en lo que ha sido su dinámica luego del retorno de la democracia, en 1985. A continuación se analiza el papel del campo jurídico, y en especial del Subcampo judicial, en la reintroducción de los procesos judiciales en el tema, en particular desde la segunda mitad de la década de losnoventa, y se profundiza en los esquemas de percepción y clasificación constitutivos del habitus jurídico, como forma de intentar comprender la dinámica de las luchas por el derecho a decir el derecho, la apuesta constitutiva del campo. La evidencia recogida permite sostener una interpretación general que muestra que las respuestas a las demandas emergentes desde la sociedad civil lograron recepción debido a la articulación implícita entre jueces y fiscales en general formados en los últimos años de la dictadura, imbuidos de un sentido común jurídico que favoreció la búsqueda de soluciones legales que permitieran levantar el bloqueo generado por la ley de Caducidad. En esa búsqueda, se produce el choque de dos concepciones filosóficas del derecho, una más tradicional centrada en el iuspositivismo, y otra basada en la recepción local del neoconstitucionalismo. Esta recepción fue favorecida por la resonancia de estas discusiones en los foros y tribunales internacionales, así como la actividad local de instituciones universitarias y fundaciones. Estas redes e instituciones funcionaron legitimando un discurso congruente con uno de los habitus vigentes en el campo. Al mismo tiempo, el sentido común jurídico operó rechazando lo que se veía como excesos activistas tanto como los excesos formalistas, lo que tuvo como consecuencia mantener una relativa autonomía del subcampo judicial frente al campo político y, también, frente a los movimientos sociales.Como consideración final, se señala que estos procesos son indicadores de transformaciones de mayor alcance, cuyos resultados son ambivalentes. Por un lado, la judicialización de derechos fundamentales podría mostrar un fortalecimiento del Estado de Derecho. Por otro lado, la judicialización puede estar expresando el bloqueo del canal democrático de transformación de demandas en políticas públicas. El efecto global de estas transformaciones, entonces, deberá ser objeto de nuevas investigaciones.