El Proyecto de Impuesto Emergencia Sanitaria COVID-19 y la distribución del ingreso: elementos para el debate

Abstract

En este documento analizamos la ubicación en la distribución personal del ingreso de quienes aportarán al “Impuesto Emergencia Sanitaria COVID-19” (impuesto COVID en adelante), con especial foco en los trabajadores del sector público con salarios superiores al umbral contributivo estipulado en $120.000 nominales ($80.000 pesos líquidos). El ejercicio se realizó en base a información de la Encuesta Continua de Hogares del Instituto Nacional de Estadística de 2018 y de registros tributarios desidentificados, provenientes de la Dirección General Impositiva correspondientes a 2016(actualizados a valores de febrero 2020 en ambos casos). En 2018, los asalariados públicos (excluyendo el sector salud) representaban el 13,9% del total de personas ocupadas y el 20% de los trabajadores formales. El grupo se ubica principalmente por encima de la mediana (deciles 6 a 10), tanto en el caso de la distribución de las remuneraciones laborales, como las totales (incluyendo, además, jubilaciones y rentas provenientes del capital). Los contribuyentes del impuesto COVID se encuentran dentro del 4% de perceptores mayores ingresos personales. Los asalariados del sector público constituyen aproximadamente el 30% del total del grupo, aun considerando escenarios extremadamente adversos de caída de las remuneraciones en el sector privado. Si bien estos contribuyentes se ubican en los grupos de mayores ingresos de la distribución de perceptores, al considerar la ubicación de sus hogares, se observa que éstos se encuentran presentes a lo largo de buena parte de la distribución del ingreso. Bajo el actual diseño, aproximadamente 75% del total de los perceptores de ingresos del 4% superior no sería objeto del impuesto COVID, a pesar de tener una capacidad contributiva significativa y equiparable a la población objetivo definida. Dentro del 1% superior, la abrumadora mayoría (85%) de los integrantes del grupo no se vería afectada por este impuesto. Este escenario genera fuertes problemas de equidad horizontal, pues potenciales contribuyentes iguales pagan impuestos notoriamente diferentes. A modo de ejemplo, un trabajador del sector público con un ingreso nominal mensual de $150.000 pagaría el 26% de su salario por concepto de impuesto a la renta (IRPF + impuesto COVID), mientras que, la tasa efectiva para un trabajador privado del mismo nivel de ingresos, sería del 12%. De esta manera, para pagar una tasa de 26%, un trabajador del sector privado debería percibir aproximadamente $500.000 mensuales. Los problemas de diseño del impuesto COVID, en particular los relativos a la equidad horizontal y la vasta proporción de ingresos muy elevados no gravada, sugieren considerar diseños alternativos. En particular, sería conveniente recurrir al mecanismo ya montado del IRPF, pues cumple la condición de gravar progresivamente a los contribuyentes, incorporando automáticamente las variaciones de ingreso que surjan a partir de la crisis. Adicionalmente, si bien mantiene una estructura dual, logra gravar a todas las rentas, incluyendo las del capital.