Antecedentes de la aplicación del Protocolo a la Convención contra la tortura : el monitoreo de los lugares de detención y la prevención de la tortura en Uruguay.

Abstract

La ratificación del Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura representa para nuestro país un compromiso ético y jurídico de dar prioridad a la prevención del maltrato de todas las personas privadas de libertad, alojadas en cárceles o en otros lugares de detención, a consecuencia de una decisión judicial o en virtud de un mandato administrativo. La principal obligación que emerge de dicho Protocolo consiste en establecer un Mecanismo Nacional de Prevención, técnica y económicamente independiente, encargado del monitoreo sistemático de los establecimientos de reclusión. La reciente creación de la Institución Nacional de Derechos Humanos, más el mandato legal que ésta posee de coordinar sus funciones con el preexistente Comisionado Parlamentario, abre, por fin, la posibilidad cierta de cumplir los compromisos emanados del Protocolo. Al mismo tiempo, la original solución nacional, inédita en la región, supone una serie de complejidades jurídicas que son abordadas en este trabajo. La cooperación iniciada entre las dos instituciones estatales involucradas en el tema, además de evitar una inútil superposición de funciones genera un promisorio escenario para la prevención de la tortura en Uruguay.

The ratification of the Optional Protocol of the Convention against Torture had for our country, the significance of an ethical and juridical commitment of giving priority to the prevention of abuses for all the people deprived from liberty who are in jails or in other places of detention, as a consequence of a judicial decision or by virtue of an administrative mandate. Among the obligations established by the said Protocol it is found the one of setting up a National Mechanism of Prevention, technically and economically independent, in charge of the systematic monitoring of the detention centers. The creation of the National Institution of Human Rights, together with the legal mandate the same bears to coordinate its duties with the pre-existing Parliamentary Commissioner, finally brings the certain possibility of fulfilling with the obligations arising from the Protocol. At the same time, the original national solution, unparalleled in the region, implies a series of juridical complexities approached in this work. The cooperation between the two State Institutions involved in the matter, so as to avoid a useless overlapping of duties, brings up a promising future in relation to the prevention of torture in Uruguay.