El Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Uruguay, avances y perspectivas

Abstract

Uruguay comenzó a implementar su Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) en 2008. Este comienzo, demorado en relación a los países de la región, se ha dado con altibajos en su forma y contenido. En este trabajo se realiza una puesta a punto de la situación de las áreas protegidas y del SNAP de Uruguay, evaluándose el estado de avance en la implementación de las áreas ingresadas al Sistema y de las que están en proceso de ingreso, en función de los objetivos fijados en el plan estratégico del sistema. Por ser la fragmentación y transformación de hábitat, la primera causa de pérdida de biodiversidad, se analizan las oportunidades que brindan las áreas protegidas como herramientas para detener o disminuir este proceso, tomando en cuenta los conceptos de zona adyacente, enfoque de paisaje y categorías de manejo V y VI de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Las áreas protegidas no deben ser vistas como islas de naturaleza prístina rodeadas de sistemas con gran impacto antrópico, sino que deben influir en la dinámica de la matriz, asegurando la presencia de elementos de la biodiversidad que la componen, constituyendo refugios para especies que ocupan la matriz y asegurando procesos ecológicos necesarios para el paisaje en que se encuentran. Se evidencia que el SNAP y las áreas protegidas no son vistos como una prioridad en las políticas de Estado, por lo que no cuentan con presupuesto, personal, ni la infraestructura necesaria. En este trabajo se plantea que debe gestionarse el territorio, tomando en cuenta criterios de conservación y producción, y en base a los sitios identificados como prioritarios para la conservación, generar zonas adyacentes o figuras que provean la protección equivalente (como las categorías V y VI de UICN o los Planes de Ordenamiento Territorial (OT)) que integren y faciliten la integración de sistemas productivos y de conservación, conservando no solo la biodiversidad, sino protegiendo formas de uso y elementos culturales y sociales asociados a las actividades productivas tradicionales.